ANDALUCÍA APRUEBA SU LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

El 16 de Octubre se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Ley 10/2018, de 9 de Octubre, audiovisual de Andalucía, convirtiéndose en la culminación del marco regulatorio de la normativa audiovisual de la comunidad autónoma, después de casi cuatro años de debate, tramitación y de informes preceptivos, en donde se ha implicado todo el sector con actividad en la región.

Fue a finales del 2013 en donde se inició el debate en la denominada como"Mesa de ordenación e impulso del sector audiovisual en Andalucía", impulsada por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Además el marco legal aprobado será el punto de partida para la elaboración del "Plan estratégico audiovisual de Andalucía", así como del "Plan de ordenación e impulso del sector audiovisual Andaluz". Además la propia ley prevee a lo largo de su texto el desarrollo de cinco normas de rango reglamentario que complementarán el amplísimo texto normativo que se ha publicado, muy en la línea de las técnicas normativas que nos tiene acostumbrado la Junta de Andalucía.

En España el marco regulatorio principal de la actividad audiovisual, que utilizan los operadores, empresas y profesionales del sector es el estatal tanto en su dimensión técnica a través a la normativa de telecomunicaciones como propiamente audiovisual centrándose tanto en la radiodifusión como en la emisión de televisión. El marco constitucional del artículo 149.1.27 CE, fue completado por la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, general de la comunicación audiovisual. En ese marco de legislación básica, algunas Comunidades Autónomas como las Islas Canarias desarrollaron marco legales limitados para regular las funciones de inspección y sanción en materia de incumplimiento de la ley estatal, que aquella les otorgaba. Pero sin embargo en términos generales el marco legal autonómico se ha limitado a desarrollar las normas que regulaban las diferentes televisiones autonómicas, o determinar las normas necesarias para los procesos de concesión de las TDT o de otros temas más centrados en concesión de licencias.

A diferencia de esos sistemas normativos existentes hasta ahora en las Comunidades Autónomas, Andalucía ha completado un marco regulatorio completo que ya fue iniciado con la Ley 1/2004, de 17 de Diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y con la Ley 18/2007, de 17 de Diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Además hay que entenderlo relacionado estrechamente con el desarrollo de la normativa en materia de cinematografía con la también reciente Ley 6/2018, de 9 de Julio, del cine de Andalucía, que completaba a la Ley 55/2007, de 28 de Diciembre, del cine de carácter estatal .

La norma necesitará verse como se va desarrollando a lo largo del tiempo a lo que estaremos atentos. Es una norma amplia en todo el catálogo de derechos y obligaciones tanto de los diferentes tipos de operadores como de los usuarios, incluso en algunas ocasiones de modo repetitivo. En algunos casos como el de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva o visual de modo muy detallado y concreto. En otras ocasiones con manifestaciones muy genéricas que tendrá que verse en qué se concretan durante la gestión de la misma que realicen las autoridades audiovisuales. Por otro lado se aprueba la creación de registros de empresas del sector audiovisual en Andalucía para realizar un catálogo de las mismas. Y también se regula de modo detallado el régimen de concesiones administrativas de las diferentes tipos de emisiones y de operadores que pueden darse, aunque a día de hoy parece más centrado en el tema local, que en el regional donde parece complicado que sea un mercado con escala suficiente de negocio para que aparezcan operadores privados que puedan intentar entrar a competir con la televisión pública. En ambos casos tanto local o regional es una cuestión más de interés político que empresarial el mantenimiento de muchos de los operadores en un sistema con este tamaño, que si bien es creciente todavía ofrece dudas de viabilidad empresarial para los inversores.

Por supuesto la ley también se convierte en un modo de distribuir recursos para potenciar la producción audiovisual o de cine andaluz. Un enfoque que ya aparece en la normativa estatal y que es lo suficientemente amplio como para ir viéndolo con más detalle. La norma no se olvida de la cuestión publicitaria, e incorpora muchos aspectos sobre publicidad tanto comercial como institucional. Indudablemente la cuestión de las radios y de la televisión regional o locales, con los gastos de producción que conllevan, no puede entenderse sin tener en cuenta la cuestión de la publicidad institucional y del modo de distribución de la misma desde los gobiernos autonómicos y desde los ayuntamientos hasta los departamentos de publicidad en esos medios de comunicación, sin tener en cuenta los muchos casos de gestión directa de los mismos por parte de las instituciones políticas, y de las interferencias que eso genera en el funcionamiento de los medios y en el trabajo de los profesionales. En este sentido tampoco es una realidad muy diferente a lo que ocurre con el sector escrito tanto en la versión de prensa en papel o online con su financiación procedente de partidas presupuestarias públicas.

Pero algo que nos llama la atención en la norma es como es totalmente ajena, salvo en alguna referencia rápida a las webs de los medios, pero más en su dimensión de comunicación institucional, que a la utilización como canal de distribución y difusión de los productos y servicios audiovisuales, al hecho audiovisual online. Al igual que en otras materias, las competencias autonómicas e incluso estatales se encuentran de espaldas al fenómeno del consumo masivo de contenido audiovisual en internet, utilizando las diversas formas, medios y técnicas que las empresas tecnológicas ofrecen hoy en día a las empresas y a los usuarios en general. No es una cuestión que afecte sólo al campo de la ficción, sino en general a las emisiones televisivas que se realizan en directo o en diferido tanto por empresas, profesionales o aficionados. En este campo la ley audiovisual de Andalucía se siente ajena a todo lo que está ocurriendo en la red, o bien por incapacidad competencial y operativa, o bien porque todavía no ha comprendido los usos de producción y consumo audiovisual masivo que se hace desde las redes sociales, desde las plataformas tecnológicas y desde internet en general. Después de cuatro años, había tiempo para reflexionar sobre la materia.